La LISI limita la libertad de expresión e información de los usuarios de Internet

– La administración desoye a usuarios y profesionales, ignorando la petición de que sean los jueces los que puedan interrumpir la prestación de un servicio o la retirada de determinados contenidos.

– La nueva Ley, tal y como se ha redactado, puede provocar la censura y el veto para acceder a contenidos tal y como está sucediendo en países como China.

Tras la consulta pública realizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ( Mityc ) el pasado mes de septiembre sobre el borrador de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, ya se ha pronunciado, desoyendo las peticiones realizadas en el Consejo Asesor de Telecomunicaciones, del que la AUI es miembro.

El texto de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI), presentado por el ministro de Industria, Joan CLos, y remitido por el Ministerio a la Asociación no recoge las sugerencias sobre las garantías judiciales a la hora de retirar un contenido de la red o prohibir el acceso a una determinada página.

La AUI mantiene que debe existir un mandamiento judicial tanto para poder cerrar una web como para acceder a los datos que están obligados a guardar los proveedores y, finalmente, eliminar de la ley la posibilidad de que un proveedor le pueda impedir a un usuario ir a un determinado contenido. Aún así el texto remitido establece que:

“Cuando un órgano competente hubiera ordenado, en ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o la retirada de determinados contenidos provenientes de prestadores establecidos en España y para ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, dicho órgano podrá ordenar a los citados prestadores que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizando para la provisión del servicio de la información o de los contenidos cuya interrupción o retirada hayan sido ordenados respectivamente”

“¿Cuáles son los órganos competentes?” se pregunta Pérez Subías, presidente de la AUI, “¿los alcaldes, la policía, las sociedades gestoras de derechos de propiedad, cuáles?”. “Una página web es a todos los efectos un medio de comunicación y como tal debe ser tratado; si no lo consideramos así, podemos caer en situaciones como las recientemente acontecidas en China.”

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley recoge que “… se responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento porque han sido elaborados bajo su dirección, autoridad o control”

Esta medida está en contra de la Internet 2.0, de los espacios públicos de los usuarios. Internet es dinámico, cambiante, “¿por qué si alguien pone un link en mi blog a otra página tengo que ser yo responsable de los contenidos de esta página, si estos pueden cambiar cada minuto?”, se pregunta el presidente de la AUI. La administración o en su defecto, los “órganos competentes” no debe decidir qué contenidos se pueden o no publicar. Esta medida supone una restricción y un veto a los usuarios para acceder a páginas y sitios de Internet.

La Asociación de Usuarios de Internet considera que es un error legislar competencias restrictivas de la libertad de expresión e información, cuando la Constitución Española legisla lo contrario, no permitiendo que un órgano administrativo pueda entrar a valorar contenidos por ser ésta una tarea judicial, sólo los jueces pueden secuestrar una publicación.

Por estas razones la AUI no descarta emprender acciones legales y recurrir la LMISI ante otras instancias por entender que se vulneran los derechos de los usuarios.

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