El Gobierno Español ha puesto en marcha el proceso para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales para España con la constitución de un grupo de expertos que actuará como asesor en esta materia y del cual formo parte. En paralelo se abrirá un [procedimiento participativo-https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=8d86787c93413710VgnVCM1000001d04140aRCRD] para que la ciudadanía pueda, a través de una consulta pública, realizar aportaciones y comentarios.

La constitución de este grupo de expertos y la consulta pública son dos buenas noticias que enmiendan, al menos en la forma, alguno de los errores cometidos en el anterior ejercicio legislativo. Recordar el Título X de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que se elaboró y aprobó con el respaldo de todos los partidos, sin ningún debate previo, y que terminó con una Sentencia del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales alguno de los artículos allí recogidos, tal y como denunciamos algunas asociaciones ante el Defensor del Pueblo.

Expongo a continuación algunas reflexiones previas que me parecen relevantes para el debate de los Derechos Digitales. Es mi deseo que, más allá de la Carta, se pongan en marcha políticas e instrumentos que garanticen y refuercen los derechos fundamentales a través del uso que los ciudadanos hacemos de las nuevas tecnologías.

El derecho a estar conectado

Las situaciones vividas con motivo de la pandemia provocada por el covid-19 ha evidenciado que hay una brecha real y que la falta de recursos, conocimientos o habilidades para usar los dispositivos ha dejado atrás a personas que no han podido tele-trabajar, seguir las clases desde su hogar o estar en contacto con sus seres queridos en momentos de aislamiento y enfermedad.

El derecho a estar conectado es, en mi opinión, una condición necesaria para poder desarrollar otros derechos como son el acceso a la información, al trabajo, a la cultura o a la participación social y política, por citar solo algunos.

Es importante señalar que estar conectado va más allá de tener un acceso de calidad a Internet, esto significa que dispongo de los dispositivos, que tengo el conocimiento necesario para poder usarlos, y esto con independencia del nivel económico, edad, condición y situación de cada persona. Solo estando conectados podremos ejercer nuestros derechos plenamente y en condiciones de igualdad.

El reto no es tanto el que esté recogido en una Carta o en la propia Constitución española, que debería, sino hacerlo efectivo y no dejar que los colectivos más desprotegidos (personas mayores, enfermos, niños o los que necesitan ayuda de otras personas en su vida diaria) se queden fuera de esta ciudadanía digital que se está configurando, y mucho menos en situaciones extremas como las recientemente vividas.

Reequilibrar el poder de los datos

Hoy en día puede que no haya ningún recurso que genere tanto valor y poder como los datos personales. Cada vez son más las tecnologías, servicios y aplicaciones que nos identifican y que recogen todos nuestros datos de forma masiva. El papel central que desempeña el intercambio de datos en la sociedad contemporánea, que va desde el uso de los medios sociales hasta el acceso a los servicios administrativos, está generando una gran actividad económica no exenta de un alto grado de riesgo para los usuarios.

Datos financieros, información sobre nuestra ubicación, nuestros amigos, familiares y asociados, nuestras creencias políticas y religiosas, nuestras compras e incluso nuestros datos de salud permiten crear sistemas de identidad digital que se conectan a nuestra información biométrica, tendiendo un puente entre nuestras actividades digitales y nuestras vidas e identidades fuera de línea. Unas pocas aplicaciones, dispositivos y servicios se han erigido en grandes poderes fácticos gracias a su habilidad para hacerse con ellos creando un oligopolio global.

Necesitamos por tanto un cambio urgente de modelo para que el ecosistema creado en torno a los datos sea sostenible a medio plazo y este cambio pasa por poner al ciudadano en el centro, por que haya una mayor competencia y un mejor reparto de los beneficios que generan. El usuario debe poder controlar quién, cómo y para qué se utilizan sus datos, y los que los usan deben hacerlo con transparencia. Es importante que haya competencia y que haya herramientas para que tanto el ciudadano, que es quien genera los datos, como otros agentes del ecosistema (empresas, gobiernos, ciudadanos), puedan participar en los beneficios de esta nueva economía del dato.

Privacidad y libertad de expresión

En este momento hay gobiernos que instalan software que monitorean y censuran ciertos sitios web y aplicaciones que ellos consideran antigubernamentales. Tenemos periodistas y defensores de los derechos humanos con sus teléfonos intervenidos y los servicios de seguridad leen sus correos y conversaciones. Aplicaciones y servicios que eliminan contenidos en el muro después de que algunos Estados se quejen de "material subversivo" o de “noticias falsas”. Proveedores que entregan los datos del usuario a las autoridades policiales que incluyen direcciones IP, datos de ubicación y registros de comunicaciones sin garantías judiciales y gobiernos que llevan a cabo una vigilancia masiva de ciudadanos a través de dispositivos, redes y servicios de Internet.

En el mundo actual, cada movimiento y cada acto va dejando huella en la red. Moverse con el móvil, llamar, hablar, participar en una charla en línea, establecer una red de amigos y colegas, y navegar por sitios web y leer noticias, descargar archivos... todos estos son actos que generan datos. Casi todos los actos de expresión son ahora observables para los proveedores y también para empresas y gobiernos. Esta situación no tiene precedentes. No podemos comunicarnos con nuestros amigos y colegas sin que alguien lo sepa. No podemos movernos por las ciudades, países y continentes y reunirnos con quien queremos sin que se sepa. No podemos seguir y unirnos a grupos y movimientos sin temer que se revelen nuestras identidades.

La protección de la libre expresión se considera en general un bien común. Son muchos los Estados que se pronuncian a favor de su protección y amonestan a quienes no la apoyan, y en particular para Internet. Sin embargo, son muy pocos los Estados que promueven de forma efectiva el derecho a la intimidad. Proteger la intimidad exige transparencia de los que recogen datos, garantías para los que acceden a ellos, un nivel de protección y seguridad que evite accesos indeseados y una cultura ciudadana que exija este derecho.

Es evidente que el menosprecio del derecho a la privacidad penaliza la libertad de expresión. Facilita la censura gubernamental de las voces críticas, fomentando una cultura de autocensura y temor que erosiona aún más el derecho inherente a mantener y expresar opiniones sin interferencias. Es cierto que la libertad de expresión a su vez se confronta con el derecho a disponer de una información veraz, y que las noticias falsas, la manipulación, añade un elemento de complicación adicional que hay que valorar y analizar con mucha prudencia.

Es crucial por tanto que avancemos para reconocer la importancia de proteger y promover el derecho a la privacidad, tanto como un fin esencial en sí mismo, como un pre-requisito fundamental para la libertad de expresión, pensamiento e información.

Entrevista publicada en la edición julio/agosto de ComputerWorld