El pasado miércoles 14 de Septiembre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker adelantó algunas de la hoja de ruta que la Unión Europea seguirá en el ámbito de las telecomunicaciones y en ellas hay aspectos que nos gustan, como la inclusión de redes wifis abiertas en espacios públicos, y otras, como la obligación de pagar por el derecho de cita, que nos parece dar un paso atrás en contra de la libertad de enlazar y de innovar.

Una de las primeras medidas que anunció, es la necesidad de incluir redes Wi-Fi abiertas en las ciudades europeas más transitadas, al menos en una por estado miembro. Una prestación con la que ya cuentan algunas como Londres, Helsinki, Milán, Barcelona, París, Viena o Amberes. El objetivo de la Unión es hacer realidad la propuesta para el 2020, y localizar las zonas de conexión gratuita alrededor de los edificios públicos, centros de salud, parques o plazas. Se ha presupuestado un gasto de 120 millones de € para crear las redes oportunas que permitan generar de 40 a 50 millones de conexiones por día.

"Tenemos que estar conectados. Nuestra economía lo necesita. La gente lo necesita. Tenemos que invertir en la conectividad de ahora." Ha sentenciado Juncker. Esta conectividad no se limita sólo a la cantidad, sino que amplía su rango de actuación a la calidad de la red. La Comisión Europea ha recalcado su interés en impulsar las conexiones de banda ancha (de al menos 100 Mbps) en todos los hogares de la Unión y con el 2025 como fecha límite. También ha manifestado su interés en asegurar una conexión móvil con cobertura 5G, en zonas urbanas o en infraestructuras de transporte muy transitadas, (principales carreteras y ferrocarriles) para el 2020.

La Comisión Europea busca construir un espacio de conectividad que permita a la UE avanzar hacia un mercado único digital. Un espacio que no será fácil de conseguir, pero hacia el que se encaminan sus planes. Se estima una inversión de 500 mil millones de € en la próxima década, la mayoría de fuentes privadas, pero que inevitablemente supondrán un coste a las arcas comunitarias y un déficit de las cuentas públicas.

Además, se prevé la necesidad de reformar las directivas actuales sobre telecomunicaciones, revisadas por última vez en 2009. En esta nueva regulación se buscará, además de fijar un marco para la inversión en redes de telecomunicación, una mayor protección de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, así como un entorno más seguro para los usuarios en línea.

A los horizontes sobre la conectividad hay que añadir el anuncio algunos días atrás del fin del roaming en la Unión Europea. Recordemos que el roaming es el sobrecoste por el uso de la itinerancia de datos fuera de nuestro país de origen. El pasado lunes 5, la Comisión Europea anunciaba que continuaba buscando soluciones a este problema que ya se anunciaba como resuelto para 2015 pero que finalmente se aplazará (si no hay nuevos cambios) hasta 2017. Saldrá a la luz con unas limitaciones que aún están por resolver, pero que podrían pasar por restringir el número de días que el usuario podrá usar sus datos sin coste adicional.

El presidente de la CE, no se ha referido sólo a la conectividad y a la mejora de las telecomunicaciones. En su discurso ha estado muy presente la modificación de la regulación referente a los derechos de autor en el ámbito digital. La Directiva actual, activa desde 2001, posicionaba a los provedorees de enlaces como intermediarios, sin obligación de controlar la información que almacenaban en sus servidores. Una postura que cambiaría con la llegada de una nueva norma.

“Quiero que periodistas, publicitarios, y autores sean pagados de forma justa por su trabajo, esté hecho en estudios o en el salón de sus casas, sea difundido en línea o no, se publique a través de una máquina copiadora o se comercialice con hipervínculos a través de la web” Afirmó Juncker.

Andrus Ansip, vicepresidente para el mercado único digital, comentó las ventajas que esta nueva situación jurídica supondría a creadores y medios de la UE. “El contenido creativo de Europa no debe ser bloqueado, sino que debe ser protegido, para mejorar las posibilidades de remuneración de nuestros creadores”. En este punto, la normativa no reconocería sólo como autor a los creadores, sino que concedería a los editores una amplia autoridad en el proceso de creación, convirtiéndolos también en titulares de los derechos.

La Comisión Europea habría basado estas reformas en países como Alemania o España, que hace unos años pusieron en marcha algunas modificaciones. En el país germano, la ley obliga a los buscadores a establecer licencias con los editores de medios (que pueden o no reclamar remuneraciones) para poder almacenar sus contenidos en línea. En el caso de España, la compensación económica a los editores venía exigida por ley, lo que acabó provocando el cierre del indexador Google News.

Hay que recordar que la Asociación de usuarios de Internet (AUI) tiene presentada una reclamación en Bruselas solicitando su anulación, que en España a pesar de estar aprobada hace más de un año aún no se ha aprobado el reglamento y que algunos medios que la defendieron en su día ahora están en contra de la misma. "Europa esta de nuevo privilegiando a los lobys de una industria caduca en contra del progreso y del futuro y esto ya lo estamos pagando con menos innovación y menos empleo" afirmo Pérez Subías, Presidente de AUI

Las respuestas de los afectados no se han hecho esperar, especialmente las que atañen al gigante norteamericano. Google ha lamentado esta decisión que considera un paso atrás. La nueva ley obligaría a los buscadores no sólo a pagar por indexar los enlaces a las noticias, sino por acompañar estos enlaces con un breve texto descriptivo del contenido, algo con lo que no se muestran conformes. “Pagar por mostrar fragmentos de información no es una opción viable para nadie” “Creemos que hay otras vías mejores. La innovación y los acuerdos (no gravámenes o subsidios) son la clave para tener un sector de medios de información exitosos, diversos y sostenibles en Europa” Ha expresado la empresa en un comunicado.

Más voces discordantes han alzado la voz tras el anuncio. Para la organización OpenMedia, aunque la propuesta sienta una base para el cobro por contenido por parte de los editores, no proporciona suficiente protección a los usuarios. Tampoco los creadores de contenidos se muestran conformes con la propuesta, que consideran aún insuficiente en la protección de los derechos de autor. La CE se ha comprometido a intervenir en las negociaciones entre productores y editores para asegurar una remuneración justa, pero no ha declarado en ningún momento que establecerá un marco legislativo que asegure, desde el inicio, una compensación adecuada.

Sólo en un único punto de la declaración de Juncker, Google y la Comisión Europea coinciden. La UE obligará a plataformas como Soundcloud, o Dailymotion a hacer algo que Youtube llevaba tiempo controlando: la gestión y eliminación de contenidos subidos a sus plataformas que infrinjan los derechos de autor. Una obligación, cambiar su papel de intermediario por el de gestor, que se añade a la transparencia. Y es que tras la puesta en marcha de la nueva regulación, plataformas como Spotify o Netflix deberán publicar de forma clara los beneficios que obtengan por la difusión de obras en su web.

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Vicente Martínez
Gabinete de Prensa - Boletín infoAUI