Nota de prensa

NOTA DE PRENSA
Las asociaciones de Internautas reclaman al Gobierno la retirada del Canon Digital y el cese inmediato de la Directora de Industrias Culturales

• Recuerdan que han exigido ya en dos ocasiones y por escrito, la última en el mes de marzo de 2018, la realización de un estudio de impacto antes de aplicar unas tarifas que benefician claramente a las entidades de gestión y perjudican a los ciudadanos.

• Solicitan el cese inmediato de Adriana Moscoso, Directora General de Industrias Culturales, ya que ha tenido y tiene intereses en la SGAE según han publicado diferentes medios de comunicación y por tanto está invalidada para el cargo que ejerce.

Madrid 13 de diciembre 2018. Con la reciente publicación en el BOE del Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno sigue sin cumplir con el mandato que tenía de determinar de forma justificada antes del 1 de agosto de 2018 los equipos sujetos al canon por copia privada y las tarifas correspondientes. El nuevo Real Decreto solo regula el procedimiento de excepciones y sigue manteniendo el listado transitorio de tarifas y equipos que beneficia claramente a las entidades de gestión en perjuicio de los ciudadanos.

Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas ”El Ministerio de Cultura no se ha atenido a los estudios de impacto realizados en el pasado que deberían servir para fijar de forma equitativa las tarifas del Canon Digital, y mantiene un sistema de Canon Digital que supone unos ingresos desproporcionados para las entidades de gestión a costa de los ciudadanos. Además ha hurtado un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Tribunal Supremo de que los usuarios empresariales y profesionales no deben pagar canon en ningún caso, todo esto con la connivencia del Secretario de Estado para la Agenda Digital que debería de oponerse a una medida que claramente perjudica a los emprendedores digitales y a todos los ciudadanos.”

El sistema de certificados de exceptuación y solicitudes de reembolso previsto en la normativa aprobada por el Gobierno es más que complicado para las empresas y profesionales que deberían estar exentas por defecto, sin necesidad de certificado alguno. Prueba de ello es el reducidísimo número de empresas y profesionales que consta han solicitado en el último año y medio la exceptuación de pago, ya que por un lado se trata de un proceso complejo definido para desincentivar a los muchos que no deberían pagar y por otro lado no son grandes cantidades consideradas de forma individual, aunque sí lo son de forma global. Todo ello beneficia, de nuevo, a las entidades de gestión. Se da además la circunstancia de que quien tiene que emitir los certificados de exceptuación son las propias entidades que se benefician de la aplicación de un canon indiscriminado. Y además, quien ha de resolver los conflictos relacionados con la concesión de los certificados de exceptuación y las solicitudes de reembolsos del pago de la compensación es la Dirección General de Industrias Culturales, cuya Directora General tiene intereses directos con la principal entidad de gestión, SGAE.

En opinión de Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet “La excepción de copia privada ya no tiene ningún sentido, ya que prácticamente no se utiliza, ahora pagamos por las copias licenciadas que hacemos en los múltiples servicios digitales que están disponibles. Por ello, el mantenimiento de la excepción es solo una excusa para justificar pagos multimillonarios que el Gobierno hace a las entidades de gestión, presumiblemente para tener a los artistas de renombre de su lado, que son los que se embolsan más del 90% de lo que se reparte. Pero todo esto va a cuenta de los ciudadanos que pagamos doble, primero por la licencia del contenido que consumimos y después por un canon por unas copias privadas que ya no hacemos. Por ello denunciamos estas decisiones administrativas tomadas a sabiendas de que son injustas, en nuestra opinión, un comportamiento abusivo que no podemos admitir”.

Las asociaciones exigen la reactivación el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información CATSI , órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, que tiene como cometido el estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática.

Las Asociaciones de Usuarios y de Internautas ya han presentado ante el Gobierno, en repetidas ocasiones, las más de 3.000.000 de firmas recogidas por la plataforma “Todos Contra el Canon” en cuyo manifiesto se plantea desde el comienzo una alternativa que no requiere de un Canon indiscriminado e injusto que solo beneficia a los autores consagrados y a los intermediarios.