El mismo gobierno que apoyo la eliminación del Canon Digital apoya la aprobación con carácter de urgencia de un nuevo Canon que penaliza el enlace y limita la libertad de informar en Internet. ¿Qué ha cambiado para hacer ahora lo contrario de lo que se hizó antes?

El informe realizado por AFI recoge los principales impactos de carácter económico que cabría esperar como resultado de la introducción de un canon o compensación a los editores de noticias por parte de los agregadores de contenidos informativos on-line. A la luz de este análisis, resulta difícil justificar la racionalidad económica de la modificación a la LPI propuesta por el Gobierno.

En síntesis, las principales conclusiones que se extraen son las siguientes:

– No se ha demostrado que la agregación de contenidos genere un fallo de mercado en la puesta a disposición del público de información períodica, ni existe limitación intrínseca que impida a los editores recibir una compensación de mercado por sus actividades productivas. La actividad de agregación tampoco restringe la cantidad socialmente deseable de información.

– Los instrumentos de agregación de contenidos aportan un valor añadido específico y diferencial respecto a los buscadores tradicionales. Contribuyen a reducir los costes de búsqueda de información en una red que se expande de manera continua. Tomando como referencia los resultados de la Encuesta Europea de Consumo de Servicios procedentes de medios de comunicación de 2012, cada vez es mayor el número de consumidores que manifiesta utilizar los servicios on-line para acceder a información que no puede conseguir empleando sus recursos (tiempo disponible, fundamentalmente, aunque también podrían aplicar otros costes) a través de otras fuentes de información alternativas. En 2012, la media de los países analizados se situaba en el 62%. Por otro lado, una amplia mayoría de consumidores europeos (rango entre el 65 y el 78%, dependiendo de los países analizados) afirman que, en la actualidad, tienen acceso a contenidos on-line de mayor calidad en comparación con tres años atrás.

– Los usuarios de la Red se ven beneficiados por estos instrumentos por dos motivos fundamentales: incrementan su capacidad de elección y reducen el tiempo necesario para acceder a la información deseada. Para el caso español, un aumento de un 2% en el tiempo de acceso a la información de actualidad (es decir, pasar de 5,15 a 5,26 minutos empleados por promedio en una noticia) supondría una pérdida de bienestar valorada en unos 65,7 euros por usuario al año. Teniendo en cuenta que en España
Argumentación económica sobre la propuesta de modificación de
la LPI en lo relativo a la agregación de contenidos informativos existen aproximadamente unos 17,2 millones de internautas lectores de noticias on-line, el impacto agregado sobre el bienestar ascendería a unos 1.133 millones de euros, lo que equivale al 0,11% del PIB.

– Al mismo tiempo, los propios creadores de contenidos y los editores convencionales de los mismos ven reforzada su actividad por el efecto multiplicador que la agregación avanzada opera sobre los demandantes de información. Estos efectos han sido puestos de manifiesto en distintas investigaciones de carácter empírico.

– La existencia de competencia directa entre los editores de prensa y los agregadores de noticias resulta cuanto menos cuestionable, así como la necesidad de que exista una compensación irrenunciable e incluso la dirección en la que, en su caso, esta contraprestación se produciría en el mercado.

– La modificación de la LPI tendría consecuencias negativas que pueden analizarse desde una perspectiva micro y macroeconómica.

– A escala microeconómica, además del perjuicio generado a los usuarios de la Red, en términos de pérdida de eficiencia, podrían derivarse efectos negativos sobre la estructura de mercado del sector editorial, en la medida en la que los nuevos medios encontrarían mayores dificultades para posicionarse.

– A escala macroeconómica, podrían observarse procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido. Asimismo, la modificación de la LPI podría desincentivar la innovación tecnológica y empresarial directamente relacionada con los servicios de información y comunicación. Por último, su introducción supondría un cambio normativo discrecional orientado a proteger el modelo de negocio de un limitado grupo de editores (en detrimento del interés general), lo que supondría un menoscabo de la seguridad jurídica en España.