La Unión Europea queda fuera de este polémico tratado internacional Socialistas, Liberales, Izquierda y los Verdes han votado en contra de este tratado que atentaba contra la libertad y que se estaba negociando de forma nada transparente.

Noticia publicada en El Mundo.es

Socialistas y demócratas (S&D), la Alianza de los Liberales Europeos (ALDE), la Izquierda Unitaria Europea (GUE) y los Verdes y la Alianza Libre Europea (Greens/ALE) han votado en contra. En el Partido Popular Europeo (PPE) ha habido división de voto, pero los votos positivos del partido con más escaños del Parlamento Europeo no han sido suficiente para inclinar la balanza.

Fuentes comunitarias aseguran que esta votación "supone que el acuerdo contra ’piratería’ no tendrá validez jurídica en ningún país de la UE", y destacan que "se trata de la primera vez que la Eurocámara rechaza un acuerdo de comercio internacional".

En el debate previo al voto, ya el grueso de los intervinientes se mostraron en contra del acuerdo y argumentaron que se entromete en los derechos fundamentales de los internautas.

Esta votación se ha producido después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias hayan recomendado rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea haya recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de usuarios de Internet y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.
No al ACTA

"ACTA debe desaparecer. ACTA es una agresión" a los derechos de los europeos, aseguró horas antes la socialista Petra Kammerevert, quién alertó del riesgo de que con su puesta en marcha "los servidores puedan ser espías o censores".

La socialista española Josefa Andrés Barea alertó de que ACTA "produce confusión" porque a su juicio no aclara la situación de la propiedad intelectual ni los derechos de los usuarios, al tiempo que reclamó a Bruselas "un nuevo marco legislativo" específico para el plano digital.

Los grupos de Los Verdes e Izquierda Unitaria, de los Liberales (ALDE) y de los Conservadores y Reformistas (ECR) también se mostraron en contra del acuerdo por distintas razones, y algunos de sus eurodiputados alertaron, por ejemplo, del riesgo de que ACTA tenga un impacto negativo en la Red y permita "espiar" o "censurar". Otros diputados, entre ellos los españoles Raül Romeva (ICV) y Ana Miranda (BNG), expresaron su oposición portando camisetas con lemas en contra de ACTA.

Bruselas y el PPE lo apoyaban

El comisario de Comercio, Karel de Gucht, se mostró de acuerdo con la norma ahora tumbada e intentó hasta el último minuto variar el sentido del voto de los eurodiputados.

La posición de Bruselas desde que se concluyeron las negociaciones del acuerdo internacional estaba basada en que "nada iba a cambiar a ojos de la ley" en Europa de haber sido aprobada. "Votar en contra irá en contra de la protección de los derechos de la propiedad intelectual en todo el mundo", añadía el comisario.

Los ’populares’ europeos también eran partidarios de "esperar a tener todas las cartas sobre la mesa", con el dictamen del TUE incluido, y consideraban ACTA una "buena base" para combatir la falsificación de bienes y la ’piratería’ a escala internacional, según el eurodiputado Christopher Fjellner.

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesitaba ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.
El tratado

Además de la UE y sus 27 estados, también han negociado el texto Estados Unidos, Canadá, México, Suiza, Marruecos, Japón, Corea del Sur, Singapur, Australia y Nueva Zelanda; todos ellos representan la mitad del mercado mundial.

Para que el tratado entre en vigor, lo tienen que haber ratificado, al menos, seis países. La UE está representada como bloque, y sus 27 países y sólo se puede aplicar el acuerdo si es aceptado unánimemente y, en ningún caso, puede aplicarse en unos Estados miembros sí y en otros no.

Al tratarse de un acuerdo que incluye alusiones a sanciones penales, los Estados miembros deberán pronunciarse individualmente según dicte su normativa nacional, en la mayoría de los casos sometiendo el texto a examen en sus respectivos parlamentos.

Un total de 22 de los 27 países comunitarios -entre ellos España- ya ha firmado el texto -el paso previo a pasar a tramitarlo a nivel nacional-, en tanto que otros como Alemania o Polonia -que ha solicitado más tiempo para estudiarlo a fondo- aún no han cumplido esa etapa.